En 1977, Argentina adoptó el modelo de gestión de desechos de Estados Unidos: todo se tira y nada se recicla. La clave del cambio está en ver a la basura como insumo productivo y no como descarte.Todo lo que no sirve, desde una cáscara de banana hasta un camión, se tira al gran tacho de los rellenos sanitarios. Los desechos son sólo eso: desechos sin ninguna posibilidad de reinserción productiva. Así funciona la gestión de residuos en Estados Unidos. Y así funciona –más allá de algunas excepciones– el modelo argentino, en particular en el área metropolitana de Buenos Aires. Este sistema de gestión, importado por nuestro país en 1977 gracias al brigadier Osvaldo Cacciatore, por entonces intendente de la Capital Federal, tuvo como puntapié inicial la privatización de lo que hasta entonces era un servicio público. Fue cuando se constituyó la Ceamse (Coordinadora Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado), un ente interjurisdiccional de gestión privada encargado del transporte, tratamiento y disposición de los residuos sólidos desde la Ciudad hasta su destino final. Simultáneamente, se fundó la empresa Manliba, un consorcio de capitales estadounidenses cuya conexión local fue Franco Macri. Así, lo que era un servicio público se transformó en negocio para pocos. Su hijo Mauricio, actual jefe de Gobierno porteño, acaba de pedir a la Legislatura una partida extra del Presupuesto para pagar una readecuación de precios del 25 por ciento a las empresas recolectoras que, a su vez “se han beneficiado con aumentos del 700 por ciento desde 2005”, según detalla el legislador Martín Hourest.
Aquel decreto de Cacciatore significó un cambio de paradigma. Hasta entonces y desde la primera década del siglo XX, la basura se incineraba en los edificios, hoteles, mercados y colegios o en los grandes hornos de Chacarita, Flores y Nueva Pompeya. La idea de sacar los residuos a las afueras de la Capital Federal fue la aplicación en la basura de aquella frase que el sociólogo Oscar Oszlak usó para describir el ideario del brigadier: “Una ciudad para los que la merecen”.
Alejandro Tiscornia, colaborador de decenas de cooperativas de reciclado en José León Suárez, señala que “la decisión de Cacciatore fue evitar cualquier posibilidad de reciclado que, para entonces, ya existía como alternativa concreta”. Y agrega: “Este sistema, al mismo tiempo que reduce la cantidad de basura que se entierra brinda una respuesta social a miles de recicladores –trabajadores– urbanos”.
El modelo basado en el reciclado se aplica en Europa y es la versión opuesta al sistema argentino y estadounidense. En el Viejo Continente la separación en origen es mucho mayor y prácticamente todas las ciudades han incorporado este hábito desde hace años. En Nápoles, cada día de la semana, los camiones recolectores pasan por los domicilios recogiendo distintos tipos de basura. Los lunes levantan residuos orgánicos, en otro los secos y en un tercer día los vidrios.
Si bien la contraposición entre ambos modelos no es absoluta, y tanto en Europa como en Estados Unidos existen respectivas excepciones, lo cierto es que son formas de gestión distintas. Los especialistas consultados coinciden en que si bien no se puede importar mecánicamente uno u otro sistema, es necesario avanzar más de lo que se ha logrado en materia de reciclado.
¿Qué hacer? Para Máximo Lanzetta, sociólogo y actual director de la Agencia de Política Ambiental del municipio de Almirante Brown es inevitable que haya rellenos sanitarios: “Así sucede en todo el mundo, hasta en Alemania y Japón, y claro que hay que avanzar en el reciclado como una salida social y ambiental. Sin embargo, una de las llaves para morigerar la cantidad de basura en los rellenos es la sanción de la ley de envases”. Este proyecto es una iniciativa del senador Daniel Filmus por la cual se les pone una fuerte presión fiscal a las industrias que generan buena parte del pasivo ambiental. La iniciativa –que no es otra cosa que la actualización de decenas de proyectos presentados desde hace 15 años y que siempre han sucumbido por el lobby empresarial– plantea que las empresas monten sus propias plantas de reciclado de envases y botellas asumiendo el costo. Caso contrario, se les aplicará una dura presión impositiva. Según las últimas cifras emitidas por la Ceamse, los plásticos, que centralmente provienen de los envases, representan el 20 por ciento del total de basura. Sin embargo, según las fuentes consultadas, con solo poner la lupa en las botellas no alcanza y es necesario aplicar la lógica de este proyecto a todas las industrias que tienen envoltorios. “Sobre todo las empresas electrónicas que no hacen nada a pesar de toda la basura que generan”, agrega Tiscornia.
Pablo Schamber, antropólogo y especialista en reciclado, señala que la clave está en que “los gobiernos vean al residuo como un insumo productivo y no como descarte. Es correcto que se hagan campañas de concientización para la separación en origen, pero carecen de efectos si no se organiza la recolección selectiva en sintonía con esa diferenciación que se hace en las casas. Igual, en estos últimos tiempos se avanzó en el reconocimiento del cartonero como un trabajador”.
Tiscornia es de la idea que quienes atentan contra la posibilidad de encontrar una salida al problema de la basura son las empresas recolectoras y hacia ellas hay que apuntar. “Los contratos de recolección representan un 10 por ciento del presupuesto porteño. Es mucha plata y no están dispuestas a perder esa facturación reconociendo como trabajadores a los recicladores, que fue el reclamo que motivó el conflicto de esta semana. Además para avanzar en la desarticulación del negocio sería bueno que las empresas recolectoras no se les pague por basura enterrada sino por basura tratada. Eso obligaría a que tengan que hacer tratamientos de los residuos”, agrega Tiscornia.
Actualmente, en José León Suárez se reciben cerca de 6.000 toneladas diarias de basura porteña. “Si no se resuelve pronto, la planta colapsará en abril del 2013”, apunta Jorge Mancini, diputado provincial del Frente Para la Victoria y que responde a Hugo Moyano. Cabe destacar que a este relleno llega buena parte de los desechos que hasta 2004 se enterraban en Villa Domínico. Este predio fue clausurado por la presión de los vecinos quienes demostraron que sus hijos morían de cáncer, leucemia y enfermedades respiratorias como consecuencia de la cercanía de sus hogares con ese relleno sanitario. Recientemente el gobierno porteño consiguió un poco de aire gracias a que el Ministerio de Defensa le cedió terrenos en Campo de Mayo. Sin embargo, es una solución de cortísimo alcance. “El tema es que existe una alianza tácita entre el humor social que rechaza cualquier tipo de nuevo relleno cerca de su vecindario y el interés de las empresas que no quieren perder las ganancias a costa de los recicladores”, apunta Lanzetta. Eso estimula a que germinen basurales no oficiales. Según la Ceamse, en todo el Conurbano hay 105 basurales ilegales a cielo abierto. Por otra parte, a los municipios no les conviene combatirlos ya que si no deberían pagarle a la Ceamse un canon extra por esos residuos. De acuerdo a cifras oficiales de la provincia de Buenos Aires, en promedio los municipios del Conurbano pagan cerca de 300 millones de pesos anuales a las empresas solo en concepto de recolección.
Si no puede haber más rellenos por la presión de los vecinos, si la basura en José León Suárez está por colapsar y si el fortalecimiento de los recicladores es aún muy incipiente, el panorama que se vislumbra parece oscuro. En ese marco cabe preguntarse si la ley de Basura Cero, por la cual el gobierno porteño debe disminuir la cantidad de residuos que manda a enterrar es la solución al problema. Según esa norma, en el año en curso, debe reducirse el 50 por ciento el total de basura, tomando como base 2006, cuando entró en vigencia la iniciativa. Para 2020, la ley taxativamente prohíbe la disposición final. Schamber y Lanzetta, si bien rescatan el espíritu de la norma, señalan que no resuelve el problema ya que son plazos tan exigentes que se terminan tornando “utópicos” y que todo “queda en buenas intenciones”. Para Tiscornia, con la sanción se la norma se prioriza el reciclado de los secos pero no se pone el acento en los orgánicos que “constituyen un alto porcentaje de los residuos sobre todo de los shoppings, hoteles y mercados. Al mismo tiempo, el gobierno porteño no ha hecho nada con los centros de acopios privados que existen en la ciudad. Todo esto muestra que en realidad aún se está a medio camino”.
Un camino que por ahora conduce directamente al tacho.
Fuente: Miradas al Sur – Francisco Yofre – Año 5. Edición número 218. Domingo 22 de julio de 2012
